<p>María Alejandra Vargas, abogada del Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia, señaló que aunque la Corte ordenó incluir a 130 familias en el reasentamiento por vivir en zona de alto riesgo, el proceso avanza lento y con trabas burocráticas que prolongan la vulneración de derechos.</p>