Prohíbe completamente los matrimonios o uniones maritales donde uno o ambos integrantes sean menores de edad, como medida de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Establece incentivos y mecanismos para que las cárceles desarrollen programas productivos, mejorando la resocialización y sostenibilidad económica.

Establece los procedimientos de insolvencia para personas naturales no comerciantes, facilitando su acceso a mecanismos de alivio financiero.

Permite el uso del llamamiento en garantía en los procesos relacionados con responsabilidad en relaciones de consumo, fortaleciendo la protección del consumidor.