En el encuentro que organizó nuestra Facultad de Jurisprudencia se dieron cita: José Roberto Herrera miembro de la comisión de expertos en aplicación de convenios de la OIT, Gustavo Gnecco y Ana María Muñoz Segura, exmagistrados de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia; Karena Caselles Magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y Tatiana Betancur, magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia; Claudia Wilches y Juan Pablo López, conjueces de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia; Alfonso Palacios Torres, vicepresidente jurídico de la ANDI y Catalina Romero, Dina Maria López, Mónica Cuervo, Andrés Jiménez y Andrés Dacosta, profesores de derecho laboral de la Facultad.
Para estos expertos, lo que viene ahora es armonizar los nuevos derechos con la productividad y la realidad del empleo formal en el país. El contrato a término indefinido pasa a ser la regla general y el contrato de aprendizaje cambia su naturaleza, lo que brindará a las empresas más herramientas para el seguimiento de practicantes, aunque todavía hay muchas zonas grises frente a su funcionamiento.
“En síntesis, primero la reforma introduce esas reglas que tienden a que los contratos se vuelvan de naturaleza indefinida, y segundo, incrementa las formalidades, crea nuevas solemnidades y, por tanto, también nos pondrá a preguntarnos sobre los regímenes probatorios que vamos a utilizar de ahora en adelante”, afirmó Tatiana Betancur, magistrada auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Cambios en jornada laboral y días de descanso
Los expertos coincidieron en que la reducción progresiva de la jornada laboral a 42 horas, el nuevo régimen de recargos nocturnos y las circulares 101 y 102 del Ministerio del Trabajo buscan mejorar el bienestar del trabajador, pero pueden aumentar los costos laborales y la informalidad sin una política de productividad. Además, señalaron que las circulares, al establecer lineamientos para aplicar la reforma, crean un “modelo normativo complejo” que se aleja de su función orientadora y dificulta la interpretación de la Ley 2466 de Reforma Laboral.
“Una circular que de entrada empieza a hablar de empleadores y trabajadores me genera una duda suprema sobre si yo puedo desprender una articulación en relación con unas personas que no son propiamente subordinados (...) Terminan generando un modelo normativo complejo a través de una regla de ‘soft law’ (normas o reglas de conducta que no son obligatorias)”, dijo Juan Pablo López, conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Nuevas obligaciones para los empleadores
Los panelistas coincidieron en que el país enfrenta un déficit estructural en la capacidad de inspección laboral, agravado por la asignación de nuevas obligaciones sin fortalecer la supervisión estatal ni la formación empresarial. Advirtieron que no basta con ampliar los derechos de los trabajadores sin un sistema de inspección eficiente y aclararon que este seguimiento debe ser formativo más que punitivo, pues las sanciones sin pedagogía solo generan miedo y no previenen su repetición.
“Me preocupa profundamente cómo va a ser la interrelación con el Ministerio de Trabajo, dadas las obligaciones y las cargas que se le están imponiendo (…) Se debe profesionalizar el ministerio y debe estar a la altura de ser fiel a esa balanza en materia social”, comentó Claudia Wilches, conjuez de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Negociación colectiva, unificada y multinivel
Los analistas señalaron que se requiere actualizar la negociación colectiva multinivel, donde trabajadores y empleadores negocian en varios niveles, pero advirtieron que el Estado debe respetar las limitaciones legales y garantizar una representación real. Destacaron la importancia de mantener los límites constitucionales de la potestad reglamentaria, recordando que una reforma no puede suplantar la ley, y recalcaron que el diálogo debe darse en la Comisión de Concertación para garantizar la libertad empresarial.
“Un parámetro insalvable o inviolable en la facultad reglamentaria es que el presidente no puede regular temas, o el gobierno en general no puede regular temas que no hayan sido expresa, concreta y específicamente desarrollados por medio de ley”, afirmó Alfonso Palacios, vicepresidente jurídico de la ANDI.
El evento dejó una hoja de ruta para aplicar la reforma laboral, enfocada en garantizar estabilidad contractual, regular jornadas sin aumentar la informalidad y fortalecer una inspección pedagógica. También resaltó la importancia de reglamentar con equilibrio, promover la negociación colectiva y convertir la norma en práctica mediante seguridad jurídica, capacidad institucional y diálogo social.
"La agenda de este foro convocó a un diálogo profundo sobre los aciertos de la normativa, pero también sobre los retos y oportunidades que se derivan de esta reforma", concluyó Rocío Araújo Oñate, vicerrectora académica de nuestra Universidad.
Nuestra Facultad de Jurisprudencia y la Universidad reafirman su compromiso con el análisis académico riguroso de los temas que marcan la agenda nacional. Este foro permitió identificar avances, vacíos y retos de la reforma laboral, dejando claro que su implementación exige claridad normativa, equilibrio entre derechos y sostenibilidad, y un diálogo continuo entre los sectores involucrados. Desde la academia, seguiremos promoviendo estos espacios de reflexión para aportar a la construcción de políticas públicas más justas y efectivas.
